En 2022, toda la población española y el 92 % de los territorios nacionales estuvieron expuestos a niveles insalubres de contaminación tras el fin de las restricciones por covid, según el informe anual de Ecologistas en Acción, basado en mediciones de 780 estaciones de control de contaminación repartidas en 132 zonas de España y que incorpora datos de los principales aeropuertos y puertos.

Sin embargo, aunque en 2002 hubo un aumento significativo de los niveles de partículas en suspensión (PM10 y PM2,5) y más matizado de dióxido de nitrógeno (NO2) y ozono troposférico respecto a los dos años precedentes, estos dos contaminantes no alcanzaron las concentraciones registradas en los años anteriores a la pandemia.

Un aumento significativo de los niveles de partículas en suspensión provenientes del norte de África y de dióxido de nitrógeno concentradas en el intenso tráfico, que refleja la preocupante situación que atraviesa la calidad del aire en España, acentuada en 2022 por los registros más cálidos y secos desde, al menos, 1961.

Calidad del aire

Los niveles de concentración de ozono se dispararon por las tres olas de calor sufridas durante el verano y la escasez de precipitaciones, un factor al que combatir junto al polvo y el dióxido de nitrógeno en un contexto en el que el cambio climático, pese a no ser la causa, agrava y dificulta el impacto de la contaminación.

El aire contaminado afectó a la totalidad de la ciudadanía nacional y a 463.000 kilómetros cuadrados, es decir, el 92 % del territorio, si se toma de referencia los valores máximos recomendados por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Respecto a los umbrales que ambiciona el objetivo a largo plazo de proteger la vegetación de la Unión Europea, la cifra de afectados se reduce a 7,6 millones de personas y 95.000 kilómetros cuadrados de extensión, lo que significa que cuatro de cada cinco españoles respiraron en 2022 un aire que incumpliría los nuevos estándares legales propuestos por la UE para 2030.

Respirar un aire de calidad pobre provoca enfermedades respiratorias y cardiovasculares que padecen fundamentalmente niños, ancianos, individuos con afecciones y patologías y las embarazadas, motivo por el cual hasta 25.000 personas fallecen prematuramente, 15 veces más que por accidente de tráfico. Las mediciones a las puertas de instituciones educativas demuestran el inquietante riesgo que supone que el aire asimilado por el alumnado sobrepase el doble de los parámetros de contaminación que se consideran legales.

Ante esta situación, Nuria Blázquez, la encargada internacional de Ecologistas en Acción, ha instado a potenciar una movilidad sostenible y alternativa a la convencional, a adoptar una producción limpia que se apoye en el ahorro energético y en las renovables y a implantar zonas de bajas emisiones en las 150 ciudades donde ya deberían estar operativas.

En cuanto a zonas, el informe señala que las partículas PM10 presentaron en Canarias la peor situación de la última década, y, pese al desplome general del NO2 en un 20 % respecto al nivel medio entre 2012 y 2019, Barcelona volvió a superar el límite legal anual y Madrid lo igualó.