Donald Trump ha firmado la orden ejecutiva con la que empezará a desmantelar las políticas medioambientales y el legado contra el cambio climático de su predecesor, Barack Obama.

La firma ha tenido lugar en la sede de la Agencia de Protección Medioambiental (EPA) en Washington y, con ella, elimina el requisito de que las agencias del Gobierno federal consideren el impacto para el cambio climático en su toma de decisiones y revisa y reescribe las directrices del Plan de Energía Limpia de Obama, lanzado en 2015, que tenía como objetivo la reducción para 2030 un 32% la emisiones de carbono de las centrales elécticas del país con respecto a los niveles de 2005.

Sin embargo, no dispone nada sobe el Acuerdo de Paris contra el cambio climático, del cual, algunos miembros de su gabinete, como el secretario de Defensa, James Mattis, o de Estado, Rex Tillerson, han declarado que están de acuerdo con que Estados Unidos permanezca en el pacto.

Trump ha proclamado que con esta orden se inicia una "nueva era" para la producción de energía en el país, en la que se eliminará la "intrusión" gubernamental en el sector y en la que anticipa una "nueva revolución energética". La "guerra al carbón ha terminado", ha proclamado Trump, que ha prometido  la cancelación de regulaciones del Gobierno federal que, según él, están "matando empleos".

En el acto, ha estado acompañado del jefe de la EPA, Scott Pruitt, de los secretarios de Energía, Rick Perry, e Interior, Ryan Zinke, y del vicepresidente, Mike Pende, claros excepticos del cambio climático. También, han presenciado la firma un grupo de trabajadores de las minas del carbon que, según el Presidente, es uno de los sectores más afectados por las "regulaciones devastadoras" de Obama.

CLAROS OPOSITORES A LA ORDEN EJECUTIVA DE TRUMP

La firma de esta orde ejecutiva ha generado la polémica y la aparición de opositores claros a esta y defensores del cambio climático.

Tanto es así, que el fiscal de Nueva York, Eric Schneiderman, ha encabezado una coalición que se opone a la orden firmada por Trump. Formada por 23 estados, ciudades y condados del país, se ha creado para proteger a los ciudadanos de aquellas acciones del presidente "que ignoran tanto la ley como la importancia crítica de enfrentar la verdaddera amenaza del cambio climático".

Forman parte de ella los fiscales generales de Nueva York, California, Conneticut, Delaware, Hawai, Iowa, Illinois, Maine, Maryland, Massachussetts, Nuevo México, Oregón, Rhode Island, Vermont, Virginia, Estado de Washington y Distrito de Columbia.

Además, la organización ecologista Greenpeace ha asegurado que esta acción "demuestra que el presidente gobierna para la industria de las energías fósiles".

"Esta orden ejecutiva nos da una nueva prueba de que Trump no es un líder, sino un hombre de paja que firma documentos", ha señalado Annie Leonard, directora ejecutiva de Greenpeace en Estados Unidos, que ha destacado que "lo más que puede hacer Trump es retrasar la inevitable transición de Estados Unidos a las energías limpias, pero no podrá parar el proceso" y que esta orden "no traerá de vuelta los empreos de carbón, ni garantizará el retorno justo a los contribuyentes".

Por su parte, la directora de Greenpeace Internacional, Jenniger Morgan, ha denunciado que "la decisión de hoy es parte de una serie de decisiones rápidas, mal documentadas de un presidente que parece subordinado de las industrias de los combustibles fósiles, que daña a la comunidad internacional y daña aún más su reputación entre los líderes mundiales".