“Desde hace tiempo, una parte de la opinión pública considera que Apple y obsolescencia programada son sinónimos. La idea de que una mega-corporación, la primera en alcanzar una valoración de un billón de dólares en bolsa en la historia, sabotea sus propios productos para obligar a sus usuarios a comprarlos de nuevo, es tentadora. Pero falsa”. Esta afirmación se realizó hace justo dos meses en un portal de noticias que solo escribe –casi siempre bien­– del universo de la manzana mordida. Ayer, The Washington Post informó que la compañía estadounidense dirigida por Tim Cook va a pagar 94 millones de euros para alcanzar un acuerdo y evitar una investigación de por qué los iPhone viejos se ralentizan cuando actualizan su software. Muchos usuarios califican esta supuesta estrategia de obsolescencia programada con un solo objetivo: obligarles a comprar los nuevos modelos. En marzo, ya acordó pagar entre 260 y 420 millones de euros tras reconocer que había ralentizado los iPhone 6, 6S y 7, cuya operatividad y rendimiento se vio afectada tras actualizar las nuevas versiones de iOS.

La investigación, llevada a cabo en una treintena de estados de EE. UU. y conocida como 'Batterygate', acusaba a Apple de no informar a sus clientes sobre esta ralentización cuando actualizaban su móvil. “Tengo el compromiso de vigilar a estos gigantes de la tecnología cuando le ocultan información importante a los usuarios”, ha explicado el fiscal general de Arizona. La corporación californiana ha ido modificando en los últimos años las herramientas para alargar la vida útil de sus dispositivos.

Lo curioso es que, a finales del pasado mes de mayo, un tribunal italiano ya condenó al gigante californiano por lo mismo. Quizá esa condena haya convencido al departamento jurídico de Apple de llegar a acuerdos antes de que se demostrase la obsolescencia y el pago fuese mucho mayor. En Italia, los investigadores descubrieron que Apple desaceleraba el rendimiento de una serie de modelos de su iPhone para poder gestionar mejor la autonomía y degradación de la batería en los modelos más antiguos. Lo que ocurría en realidad es que el teléfono no operaba de forma normal en muchas aplicaciones y nadie avisó a los usuarios. Hubo quien acabó harto y decidió comprar un modelo más nuevo. Tal fue el escándalo que la compañía puso en marcha un programa de reemplazo de baterías a un precio de 29 euros. El Regulador Antimonopolio de Italia condenó a Apple a pagar 10 millones de euros.

En España solo la organización de usuarios OCU se hizo eco de estas irregularidades cometidas por Apple sin que llegase a manos de un juez. En Francia, la justicia abrió en enero de 2018 otra investigación por los mismos motivos tras una denuncia de la asociación Alto a la Obsolescencia Programada (HAP, en sus siglas en francés) por reducir la vida útil de sus dispositivos móviles mediante las actualizaciones. Al final se salvó de la acusación de obsolescencia y todo se quedó en falta de transparencia ante el consumidor. Apple aceptó una multa de 25 millones de euros.

La primera vez que se vinculó la palabra obsolesencia con Apple fue en 2003, cuando el joven Casey Neistat, cuyo sueño era ser director de cine, rodó una película de apenas tres minutos ­–El sucio secreto del iPod– donde denunciaba que las baterías de los reproductores de música de Apple duraban muy poco y que la compañía no tenía políticas de reemplazo. Vamos, que por el precio de una batería nueva y su envío, te compensaba comprarte uno nuevo. En el vídeo se ve a Neistat llamando al servicio técnico de Apple explicando que la batería de su iPod había muerto. Llenaron Manhattan de pintadas denunciando la escasa duración de las baterías. Subieron la pieza a internet y en menos de una semana fue vista por más de un millón de personas. Poco después, Apple anunciaba una política de reemplazo de baterías y una extensión de la garantía. Hoy, Casey es director, productor y youtuber de éxito.

Obsolescencia y basura electrónica

Por una parte, son ya muchas las noticias, documentales y denuncias que hablan de esa estrategia de poner una fecha de caducidad a los dispositivos electrónicos y electrodomésticos con el fin de que el consumidor compre nuevos modelos. Y por el contrario, cada día más empresas tecnológicas hablan de su responsabilidad social para ayudar a un bienestar común, de su alma filantrópica y de su corresponsabilidad en mejorar este planeta. Por un lado, en 2019 se produjeron en el mundo 53 millones de toneladas de basura electrónica –cada español genera al año 19 kilos de desechos­– y, a la vez, las empresas aseguran que con la caducidad de un producto generan empleos. Aquí puedes ver un reportaje especial de Levanta la cabeza sobre la conocida como e-waste. Relacionada con el reciclaje de dispositivos, cada vez son más los usuarios que practicanla sobriedad digital.